La verdad que estaba convencido de que en este período de gobierno, ganara quien ganara, habría un impulso definido y significativo para reducir la pobreza infantil, por muchas razones. Entre ellas porque todos los partidos señalamos a este tema como una prioridad singular.

Pero, además, porque es un imperativo ético insoslayable. Desde 1989 sabemos que la pobreza entre los niños es porcentualmente el doble de la que existe en el conjunto de la población, cuando el inolvidable Juan Pablo Terra realizó aquel estudio para Unicef y nos sacudió a todos diciendo que “en el Uruguay, la pobreza tiene cara de niño”. Y desde 1989 al presente llevamos treinta y cinco años con la inconmovible e inentendible situación.

Pasaron gobiernos de todos los partidos y, sin embargo, cada medición sobre la pobreza, sea con la metodología que fuera y sea en el momento que sea, siempre ha arrojado el mismo y lapidario resultado, los niños son el doble de pobres que el conjunto de la población. Y esta inequidad se ha mantenido inalterada en los momentos en que en nuestro país la pobreza ha crecido y también cuando la pobreza se ha reducido.

Es muy grave, porque además somos un país con pocos niños, con cada vez menos niños. Sin embargo, no hemos sido capaces, como comunidad, de resolver esta situación que nos golpea y nos habla muy mal de nuestras prioridades y de las formas de gobernar en estos aspectos.

Muchas veces nos enorgullecemos de diferentes indicadores como el ser una de las pocas democracias plenas del mundo, por tener la tasa de informalidad más baja de toda América Latina y por nuestra estabilidad macroeconómica, entre otras cosas, pero esta es una herida lacerante y constante en nuestra convivencia social.

Algunos últimamente han dicho que no se puede hablar de niños pobres sino de hogares pobres. Es obvio, pero no supone ninguna atenuante.

¿Cuántos niños nacen en nuestro país por año? Alrededor de 30 mil. Si tomamos la edad de 0 a 6 años estamos hablando de 180 mil niños.

Pues bien, según qué índice de pobreza tomemos, sea el tradicional o el nuevo que acaba de construir el INE, estamos hablando de entre 30 y 60 mil niños cuyo número promedio en los hogares pobres, según los datos de Unicef de 2024, es de 2,5 niños por hogar. Por lo tanto, los hogares que tienen niños en situación de pobreza son entre 12 y 24 mil en todo el país.

Por otra parte, uno de cada tres hogares pobres con niños son monoparentales y en la casi totalidad de estos casos están a cargo de una madre sola, lo que aumenta su vulnerabilidad.

¿Es tan difícil diseñar un programa de transferencias focalizado y potente que de una manera drástica y rápida permita aumentar los ingresos de manera tal que genere un impacto definitivo en las cifras de pobreza infantil?

Obviamente, todos sabemos que no alcanza simplemente con mejorar los ingresos de un hogar porque las condiciones de inequidad son multidimensionales, pero en todo caso un incremento sustancial de ingresos aseguraría una reducción de los enormes y notorios riesgos de fracaso posterior que estos niños sufren luego en su vida adulta.

Hemos dicho hasta el cansancio que estamos hipotecando el futuro de nuestro país si no actuamos sobre esta realidad que rompe los ojos.

Por eso teníamos la confianza de que en este período de gobierno habría acciones inmediatas para revertir esta extensa deuda con nuestros niños.

Sin embargo, la primera medida que el nuevo gobierno anunció fue que destinaría más de 30 millones de dólares para comprar un campo por el Instituto de Colonización.

La verdad que quedamos sorprendidos, no solo porque dicha inversión se destina a una política que es anacrónica y que debe, de una vez por todas, ser profundamente revisada dado su evidente fracaso, sino porque en un contexto de recursos escasos, uno esperaba que justamente el primer anuncio sobre el uso de recursos públicos fuera con destino a la reducción de la pobreza infantil.

Dirán que en julio van a entregar $ 2.500 a alrededor de cien mil escolares que iniciaron la escuela este año. Cifra muy magra que, además se entre- ga por única vez y que obviamente no mueve la aguja de la realidad de esos niños, ni de sus hogares. Además, representa una inversión de tan solo alrededor de U$ 6,5 millones de dólares.

O sea, nuevamente la prioridad queda pendiente. Y ahora dicen que las medidas referidas a las transferencias sociales, que son las que podrían cambiar las realidades, serán implementadas después de un diálogo social multitudinario y extenso que arribará a conclusiones, con suerte a mediados de 2026.

Mientras tanto, nos enteramos que la bancada parlamentaria del gobierno presentó una iniciativa para conmemorar todos los años el Día Nacional de los derechos de la infancia y la adolescencia. Sin palabras.